Por Huberto D’Apresdieu y William Woods
El actual sistema electoral canadiense ha
determinado la manera en la que elegimos a nuestros gobernantes a nivel federal
desde 1867. Este sistema, que data de principios de la Federación Canadiense y que se conoce en inglés como “First Past the Post” o de mayoría
simple en español, funciona de una manera adecuada en sistemas en los que
únicamente dos partidos políticos compiten en las elecciones. En Canadá, no fue hasta 1921 que se crearon nuevos
partidos políticos, llevando al Parlamento a crear una comisión especial que tenía como mandato estudiar un posible sistema de representación proporcional y el voto preferencial o voto único
transferible. En 1936, el Parlamento creó nuevamente una comisión especial que analizó cuatro temas principales:
1) la representación proporcional, 2) el voto alternativo,
3) el registro obligatorio para votar, y 4) el voto obligatorio. Sin embargo,
dichos esfuerzos no finalizaron en un cambio al sistema electoral establecido. Posteriormente
en 1979, 1985, 1991, 2004 y más recientemente en 2016, se han promovido
debates, grupos de trabajo y otro tipo de esfuerzos desde la sociedad civil y
algunos partidos políticos con miras a reformar el sistema electoral y actualizarlo
con la realidad política y demográfica del país. A pesar de lo anterior, en
2019 aun seguimos esperando una reforma en este sentido.
El actual gobierno, que desde 2015 se había
comprometido a consultar a la ciudadanía y reformar el sistema electoral, tiene
un reto histórico de garantizar que las próximas elecciones sean las primeras
bajo un sistema más justo. No obstante, vale la pena reconocer que este tipo de
reformas tiene una complejidad histórica que se ha heredado del sistema
británico. Recordemos que fue solo hasta marzo de 1982 que se repatrió la Constitución canadiense del Reino Unido, es decir que antes de esa fecha todo tema
constitucional era objeto de decisiones tomadas en dicho país. La repatriación se
logró a partir de un proceso de diálogo político que incluyo múltiples consultas
con las provincias, con líderes de partidos políticos y la ciudadanía, entre
otros.
Una eventual reforma al sistema electoral debe además
considerar la diversidad y composición demográfica actual del país y de sus
regiones, incluir a las primeras naciones, y estar en armonía con la Constitución y la Carta de derechos y libertades. Así mismo, debe realizarse un
detallado proceso de sensibilización y movilización ciudadana, para que ante un
posible referendo en el que las y los ciudadanos deban elegir un nuevo sistema,
estos tengan la información suficiente para tomar una decisión responsable y participen
masivamente. Un ejemplo de un caso en el que se intentó infructuosamente de
reformar el sistema es el de Colombia Británica. En esta provincia del oeste
canadiense una Asamblea ciudadana logró someter a un referéndum
la decisión de optar por un nuevo sistema electoral. Sin embargo, solo un 57%
de los electores apoyaron la reforma, lo cual no fue suficiente ya que el
gobierno impuso una mayoría calificada de 60%.
De igual manera, para que una reforma de este
nivel tenga éxito, la persona encargada de promoverla debe tener un alto nivel
de integridad, credibilidad y prestigio. La responsabilidad principal de esta
persona, quien sería designada por el Primer Ministro, sería la de comunicar de
una manera clara y accesible a todos los canadienses el propósito de dicha
transformación y sus implicaciones políticas.
Para lograr que el voto de cada canadiense
tenga el mismo valor y que estos sientan que su participación en las elecciones
realmente tiene un impacto, otros aspectos deben ser considerados por el
gobierno y la sociedad civil, entre ellos: el reconocimiento de una tal reforma
por parte de la Reina a través de su actual Gobernadora General; el impacto que
tendría en la representación de las provincias en la Cámara de los Comunes; el derecho
de estas de tener como mínimo el mismo número de diputados electos que de
senadores designados; y que la representación efectiva y
que la calidad relativa del voto sea la misma para los electores.
En los primeros meses de 2020, una vez el
Parlamento retome plenamente sus funciones, seguro veremos el inicio de las
discusiones respecto a este importante tema. Esperemos que nuestros líderes lo
aborden con la objetividad necesaria y con la importancia que merece para el
futuro electoral y político de nuestra democracia.
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